Sa-Cerdotes. ¿Y el estado qué?

Cuando se culpa a la Iglesia del encubrimiento de pederastas, parece olvidarse que la potestad para perseguir y castigar los delitos, corresponde a los estados nacionales. Quien debe hacer responsable penalmente al cura pederasta es el poder civil, y  quien debe hacer responsable penalmente al superior jerárquico por la indebida conducta sexual de su subordinado si hubo encubrimiento (en este caso, la responsabilidad del obispo por la conducta de su sacerdote) es, una vez más, el poder civil.

Los medios presentan un énfasis en la responsabilidad de los obispos por no denunciar a los sacerdotes de su diócesis. Sin embargo, el asunto no es unidimensional: los obispos suelen mantener una estrecha relación de trabajo con sus sacerdotes; usualmente se conocen desde el seminario, y llevan una sincera amistad. ¿Es deber de un amigo, denunciar a otro, bajo pena de encubrirlo? Los códigos penales suelen liberar a los familiares y amigos de la obligación de declarar en contra del acusado, lo que quiere decir que, si el obispo se abstiene de denunciar a su amigo, no comete ninguna conducta ilícita. Lo anterior es una exigencia racional y humana.

No está aquí a discusión el alto deber de los prelados católicos para salvaguardar los intereses de las víctimas (un deber incluso más alto que el de salvaguardar la amistad que el obispo pudiera tener con el sacerdote). Existe en ese rubro un verdadero incumplimiento de muchos obispos, pero es un incumplimiento a su deber religioso, a la caridad y piedad que presumen tener, pero no un incumplimiento a su deber legal. No son delincuentes.

Así pues, podemos distinguir tres responsabilidades: el deber pastoral de salvaguardar a las víctimas, el deber canónico de retirar del estado eclesial a los delincuentes, y la responsabilidad de la denuncia del ilícito, indagación, enjuiciamiento y encarcelamiento. Las dos primeras han sido violadas escandalosamente por el clero, y corresponderá al Papa enderezar a sus obispos y obligarlos a remitir todos los asuntos, sin importar sus lazos de amistad, a la Santa Sede. Pero la segunda –la legal nacional- ni toca a la Iglesia, ni hasta la fecha se ha reclamado a los estados nacionales con el furor que se le reclama a la Iglesia. Y curiosamente, es la medida más importante, a menos que se quiera argumentar que asusta más al nefando delincuente ya no poder oficiar misa que ir a la cárcel.

Es el poder civil quien tiene la obligación de perseguir a los curas pederastas. Lo que indudablemente es una tragedia es que, como señaló el periodista Rafael Cardona en su columna del 18 de abril, no tenemos para donde voltear a ver, porque el gobierno también tiene a sus distinguidos criminales.

En la imagen: Violento cacique, con repugnante pederasta, con pomposo protector-de-policías-que-abusaron-sexualmente-en-2006-de-26-mujeres-en-Atenco-según-la-Comisión-de-Derechos-Humanos.