El Caso de Buena Vista es emblemático de la discriminación contra las comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero en el acceso a la educación.
En un hecho sin precedentes, la comunidad indígena Me’phaa de Buena Vista, municipio de Atlixtac, Guerrero, presentó una demanda de amparo para exigir el acceso a la educación básica de sus niños y niñas; ésta ha sido admitida por el Juez Primero de Distrito en el Estado, bajo el número de expediente 893/2012.
En la Comunidad de Buena Vista se presentan las condiciones que hacen de la Montaña de Guerrero una de las regiones con mayor rezago educativo del país. Los niños y las niñas deben caminar más de 6 kilómetros diarios para recibir educación preescolar; esto trae como consecuencia que en la actualidad cerca de 30 niños y niñas de entre 3 y 6 años no accedan a la educación inicial, como es su derecho.
A lo largo de casi 10 años la Comunidad de Buena Vista ha presentado infructuosamente múltiples solicitudes ante la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero para demandar la fundación de un Centro de Educación Preescolar Indígena. No obstante, dicha Secretaría ha ignorado estas solicitudes de manera reiterada, a pesar de que la propia comunidad ya cuenta con el terreno en el que podría establecerse el Centro Educativo y sin considerar que los habitantes de Buena Vista ya construyeron con sus propios recursos y trabajo comunitario un recinto para albergar el preescolar.
Ante las omisiones de las autoridades educativas del estado de Guerrero, la comunidad de Buena Vista resolvió exigir el derecho a la educación a través de una demanda de amparo presentada el pasado 21 de junio de 2012, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachinollan. En un hecho histórico, el 29 de junio de 2012 el Juez Primero de Distrito, con sede en Chilpancingo, admitió la demanda de amparo, dando inicio al juicio 893/2012.
La demanda presentada por la comunidad de Buena Vista es de gran trascendencia, no sólo porque constituye el último recurso legal con que cuentan los niños y las niñas de esta comunidad para acceder a la educación, sino también porque pone a prueba las recientes reformas en materia de amparo y derechos humanos para exigir judicialmente los derechos sociales de las comunidades indígenas en México.
El caso de Buena Vista también es emblemático de la recurrente violación del derecho a la educación en la Montaña de Guerrero donde como lo señaló el Relator sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas en su más reciente visita a México: “la gente pobre acaba por recibir una educación pobre”.
Admitida la demanda, el Juez Primero de Distrito tiene la oportunidad histórica de emitir una sentencia que marque un hito en la tutela del derecho a la educación, una vez que se desahogue el juicio. Dada la trascendencia del caso, la comunidad de Buena Vista y Tlachinollan informaremos periódicamente sobre los avances del juicio y sobre las acciones que acompañen a la actividad procesal.
Para mayor información y entrevistas:
Román Hernández-Atziri Ávila
Área de Comunicación Tlachinollan
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