En Estados Unidos, como en México, el problema de la sobrepoblación carcelaria es lacerante: el castigo de prisión, en ninguno de los dos países, lleva, de suyo, la condena a sufrir tratos degradantes y condiciones antihigiénicas, y aún así es de todos conocido que la vida en prisión no es una vida en condiciones humanitarias.
Este lunes 23 de mayo aparece publicado en el diario estadounidense The New York Times, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, de ordenar al estado de California que saquea más de 30,000 internos de sus centro penitenciarios, por haber sobrepasado con creces su límite de capacidad para albergarlos, que es de 110,000 (es decir, en la actualidad hay 140,000 internos). Cabe señalar que el litigio es producto de dos demandas de clase (class action).
La orden no implica por fuerza su liberación; el juez Kennedy señaló que bien podrían construir más prisiones para ellos, o enviarlos a otros estados, pero no lo cree posible por la crisis económica que experimenta dicho estado. En contra de dicha decisión destacó el combativo y conservador juez Scalia, mismo que afirmó que la mayoría que serían liberados, “no van a ser prisioneros con problemas médicos ni tampoco con problemas mentales severos, y muchos sin duda serán especímenes en buena condición física que habrán desarrollado músculos intimidantes al levantar pesas en el gimnasio de la prisión”. Irónicamente, una de las fotos que examinaron los jueces, fue precisamente de una prisión donde el gimnasio tuvo que ser acondicionado también como dormitorio.
Bueno. Y en nuestro país, ¿quién piensa hacer algo respecto a las condiciones de las cárceles? Porque pensar que merecen un trato inhumano va en contra de nuestra creencia de no merecer estar en la cárcel salvo que hayamos violado la ley; los internos tampoco han violado una ley que les imponga condiciones de vida vergonzosas, porque esa ley nunca ha existido. ¿Qué se planea hacer aquí? ¿Quién tomará alguna decisión?
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