El nuevo presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), quien será electo en noviembre próximo y durará un sexenio en el cargo, tendrá como principal encomienda política trabajar con el gobierno de Enrique Peña Nieto para realizar los cambios legislativos que les permitan a los sacerdotes ocupar puestos de elección popular.
El mismo Peña Nieto, como candidato a la Presidencia de la República, se comprometió ante el pleno de obispos a emprender estas modificaciones constitucionales para que la jerarquía católica –dijo– goce de una “libertad religiosa plena” y sus ministros de culto puedan por fin ser gobernadores, diputados, senadores y presidentes municipales… una vieja aspiración clerical.
Pese a las impugnaciones contra la elección de Peña Nieto, el episcopado siempre respaldó a las autoridades electorales que le dieron el triunfo al candidato priista, a quien desde un principio la Iglesia lo favoreció en su carrera presidencial al presentarlo con el Papa Benedicto XVI y luego casarlo eclesiásticamente con su actual esposa Angélica Rivera, La Gaviota.
El vocero del episcopado, Manuel Corral, exclama animoso ante este horizonte promisorio que se le abre a la jerarquía con el nuevo gobierno federal:
“¡Caray! Es muy bueno que el nuevo presidente de la República y el nuevo presidente del episcopado arranquen al mismo tiempo en sus respectivos cargos. Los dos empiezan y salen al mismo tiempo; así comenzarán de cero, libres de ataduras. ¡Eso es muy bueno!”.
–¿Cuáles son los asuntos pendientes que el episcopado tiene con Peña Nieto?
–Una apertura completa en el tema de la libertad religiosa. No debemos quedarnos estancados en los hechos del pasado. Debemos ver sin miedo al futuro y darle una visión diferente a las cosas.
–Pero ese tópico es muy amplio. ¿Pondrán énfasis en algún punto?
–Sí, claro, en el acceso a cargos de elección popular. La ley civil no debe prohibirles a los ministros de culto desempeñar cargos públicos como cualquier otro ciudadano. Eso se llama discriminación. Ya hay organismos en México que la combaten, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Sin embargo, la Iglesia ha quedado fuera de estas políticas y sigue siendo víctima de la intolerancia. La Iglesia no afecta a nadie, al contrario, siempre ha sido fundamental para la cohesión social de los pueblos.