Existen importantes reflexiones que se pueden generar desde la herramienta del acceso a la información, aplicada a cómo negocia nuestro país con otras naciones.
Una de estas reflexiones se hizo en 2008, con el libro “Participación Ciudadana Obstaculizada”, publicado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., de la Compañía de Jesús. En este libro, elaborado por el equipo del centro, encabezado en ese entonces por el padre Luis Arriaga Valenzuela S.J., se analiza cómo la ciudadanía no tiene incidencia en los contenidos que el gobierno mexicano negocia con potencias extranjeras, lo cual es altamente autocrático.
Uno de los ejemplos ofrecidos es el de la negociación de la Iniciativa Mérida: el centro Pro solicitó en noviembre de 2007 información a la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre la negociación; la SEDENA, sin más, dio por concluida la petición, por “no existir en los archivos de la dependencia”. Luego se solicitó a la Secretaría de Gobernación, la cual contestó “precise los documentos que requiere...”, aunque señaló el Centro Pro que “no podíamos proporcionar los detalles de cuáles documentos existían al respecto, ya que estos no son públicos”.
También se hizo la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma que respondió “ha sido reservada (la información) por un periodo de doce años […] la divulgación del curso de las negociaciones y de los compromisos que nuestro país asumirá podría afectar el resultado de la misma (sic) […] y se atentaría contra la seguridad nacional”.
Ante dicha respuesta, el equipo del Centro Pro lanza el siguiente comentario, que creemos bastante atinado:
“Consideramos que el propósito del derecho a la información es precisamente facilitar que la ciudadanía informada incida en la toma de decisiones que son importantes para el país y así lograr “afectar el resultado” de los procesos gubernamentales. Dicho razonamiento (que se atentaría contra la seguridad nacional), se inscribe dentro de un patrón (…) planteando así la falsa disyuntiva de que para que sean eficaces tanto las políticas como los operativos de seguridad deben llevarse a cabio sin la participación de la población en la evaluación de los mismos”.
En la imagen: El padre Luis Arriaga Valenzuela S.J. (con el micrófono), en un plantón ante las oficinas de la PGR, con mujeres víctimas de abusos sexuales por parte de elementos policíacos en 2006 en Atenco, mismos que han sido encubiertos por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
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