La sede administrativa del municipio de Coyotepec, en el Estado de México, es un viejo edificio de dos plantas donde las oficinas de los funcionarios se esparcen alrededor de un patio central. Es fácil ubicar el despacho del alcalde y del resto de sus colaboradores de tan pequeño que es, pero lograr una cita por anticipado es prácticamente imposible porque ninguna dependencia tiene servicio telefónico y los funcionarios no están dispuestos a gastar el crédito de sus celulares.
El nivel de su economía es tan bajo que no alcanza para pavimentar la mayoría de sus calles, y el poco asfalto que hay se encuentra destrozado por falta de mantenimiento. La deuda pública asciende a 100 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Tesorería, y esa crisis ha imposibilitado pagar dos años de aguinaldo y dos meses de salario a sus 150 empleados administrativos.
La razón por la cual los municipios aumentaron su deuda financiera en años recientes es consecuencia del modelo de repartición de dinero que existe en el país, dice Saúl Arellano, director de investigación del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (Ceidas). En un esquema en el que la federación aporta 80% de los recursos que se aplican en municipios para áreas como educación, salud y obra pública sin que exista transparencia en su manejo, no sólo se fomenta la corrupción, sino que inevitablemente se llega al colapso financiero.
El Ramo 33 es la vía de transferencia de dinero que realiza la federación a municipios y estados desde 1998 para aplicarse en áreas fundamentales como la educación, la salud y el desarrollo social. La mayoría de los recursos que reciben proviene de allí, pero el esquema no ha logrado abatir rezagos porque la repartición de recursos presumiblemente está mal hecha. Por años, el Ceidas ha monitoreado las transacciones y su gasto final, y encontró que en 26 entidades no existe correspondencia entre el dinero que se les da y el nivel de rezago educativo que tienen.
Los casos de corrupción se han vuelto comunes desde hace dos años, y son fenómenos que parecen ligados de manera estrecha. En el estado de Hidalgo, mientras 84 presidentes municipales se declararon en bancarrota a finales de 2010, la procuraduría estatal entraba en la fase final del proceso abierto en contra de 12 ex alcaldes acusados de malversar fondos. Entre 2008 y 2009, otros ocho ex presidentes municipales fueron detenidos por ser presuntos responsables de ese delito.
Historias de endeudamiento, quebrantos y turbiedad administrativa se han registrado en Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. No existe, dice Galindo, entidad y municipio que escape a esa condición desastrosa. “Desde Aguascalientes hasta Zacatecas, para decirlo alfabéticamente, hay problemas muy severos. (…) Y curiosamente la respuesta a esta debilidad institucional son medidas más centralizadas”.
Enlace:
[] Noticia: Enfrentan más de 80% de alcaldías crisis por deudas.
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