El día de ayer, el PRI determinó no ir de manera conjunto con el PRD, en la propuesta que preveía instar a la Comisión Permanente, a que condenara el “desacato” en el cual habría incurrido el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, por no publicar la ley general de víctimas.
El diario La Jornada publica hoy que la principal razón de este cambio radical de postura, tendría que ver con la reunión sostenida entre el virtual presidente electo, Enrique Peña Nieto y el presidente Felipe Calderón.
Expone que en reunión a puerta cerrada con integrantes de ambas bancadas del tricolor, el coordinador de los diputados priístas, Francisco Rojas, dijo que no insistirán en la exigencia de que se publique la reforma, hasta encontrar una salida.
Según apunta la nota, asistentes al encuentro se mostraron sorprendidos ante la actitud de Rojas, quien tiene contacto directo con Peña Nieto, ya que llegaron con la idea de exigir, en conjunto con el PRD, que Calderón publicara la ley de víctimas.
En la reunión, Rojas y otros diputados habrían insistido que la legislación tiene fallas, una de ellas que indica obligaciones a los estados y municipios, y que lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo con las autoridades de Gobernación y modificar la ley, porque de lo contrario se llegará al escenario poco deseable de que la Presidencia de la República presente una controversia constitucional.
Posteriormente, cuando el senador Leonel Godoy, del PRD, llevó a tribuna la propuesta para que la Comisión Permanente condenara el desacato en el que incurre Calderón al no publicar la ley, los legisladores del PRI y de Acción Nacional votaron en contra de que se discutiera como de urgente resolución y fue turnada a comisiones.
Antes, en entrevista para La Jornada, la coordinadora de los diputados del PRD, Mary Telma Guajardo Villareal, reiteró que la bancada de su grupo parlamentario insistiría en la publicación de la ley general de víctimas,” a la que Felipe Calderón le ha negado su respaldo, pese a que 18 estados de la República, ya le dieron su aval”.
Entrevistado por este mismo periódico, Humberto Benítez Treviño, que la víspera había planteado que el secretario de Gobernación puede ser sujeto de juicio político, modificó el tono.
Cuestionado del por qué el PRI votó en contra de la propuesta de PRD, cuando “ya había consenso para su aprobación”, Benítez Treviño respondió: “No, no hemos cambiado de opinión. Había consenso sólo para que se presentara al pleno. Lo que procede es que se envíe a comisiones y se dictamine. Yo sigo sosteniendo mi convicción de que el paso siguiente es la publicación de la ley”.
El 31 de mayo del presente año, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Atención a Víctimas y la turnó al Poder Ejectivo para su revisión y, en dado caso, posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Posteriormente, el 4 de julio, esta fue regresada a la Cámara de Diputados ya que, señaló el Ejecutivo, no era clara y presentaba debilidades en el papel que debían tener las autoridades en el tema. Igualmente, propuso una mesa de diálogo a llevarse a cabo dos semanas a partir de esta fecha, con organizaciones sociales, civiles y legisladores para que fuera discutido el tema y llevarlo, incluso, a un período extraordinario de sesiones del Congreso. Algo que, por cierto, aún no ocurre.
Por su parte, la Comisión Permanente exigió hacer un análisis puntual de las observaciones hechas por el Ejecutivo, mientras que el secretario de Gobernación defendió los puntos criticados por el Presidente Felipe Calderón sobre la Ley.
El 11 de julio, la Comisión Permanente acordó por unanimidad regresar la Ley al Ejecutivo, ya que sus observaciones se habían hecho de forma extemporánea y además exigieron que fuera publicada de inmediato.
El pasado martes 17 de julio, legisladores del PAN, PRI y PRD en la Comisión Permanente coincidieron en que el Ejecutivo debía aprobar la ley y después interponer una controversia ya que, de no hacerlo, estaría incurriendo en desacato. Como se indaga ahora, esta posible acusación ya no será llevada a cabo.
Organizaciones civiles y sociales, como la del "Movimiento por la paz", encabezada por el poeta Javier Sicilia, han exigido la publicación de esta ley, ya que, en esencia, busca obligar al Estado mexicano a que proteja a quienes padecen algún delito y se les violan sus derechos humanos. Objetivos principales y que han dado fuerza a la mayoría de estos movimientos, surgidos como consecuencia de las muertes generadas durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón.
*Con información de La Jornada
.jpg)
