El organismo internacional Amnistía Internacional criticó que los gobiernos de América dan mayor importancia a intereses económicos que a la supervivencia física y cultural de miles de estas comunidades indígenas
Ciudad de México. 9 de agosto 2012. El organismo internacional Amnistía Internacional pidió a los Estados de América que tomen medidas concretas para hacer realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos.
En este sentido, criticó que los gobiernos de América dan mayor importancia a intereses económicos que a la supervivencia física y cultural de miles de estos pueblos.
En el marco del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, Amnistía Internacional señaló que los gobiernos sistemáticamente incumplen con su obligación de consultarlos sobre proyectos de desarrollo como carreteras, ductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras llevadas a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades.
"Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos", manifestó Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.
"Los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas, y sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado.", aseguró Macahi.
Además, en un análisis presentado en su el sitio web del organismo en México, reportan que existe una enorme falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos, además del hecho de que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.
Varios casos se han dado en América Latina, donde hemos visto reflejada esta situación, lo cual expone puntualmente la organización.
En México, por ejemplo, los indígenas wixárikas han pedido al gobierno que cancele las concesiones mineras para realizar actividades de exploración y explotación en Wirikuta, región de San Luis Potosí, fundamental para la herencia cultural, tradiciones y formas de vida de los wixárikas.
La organización reporta, con base en opiniones de los propios indígenas de la región, que muchas de las ceremonias tradicionales llevadas a cabo cada año en Wirikuta, están en peligro con los proyectos mineros desarrollados en su territorio. Además, confirmaron que no han sido consultados sobre dichos proyectos.
Como sabemos, recientemente el presidente Felipe Calderón anunció la cancelación de algunas concesiones mineras. Sin embargo, la ONG reporta que sólo es en una pequeña zona de Wirikuta, "muchas otras siguen en vigor, y la mayor parte del territorio continúa abierto a las actividades extractivas".
Otro caso que expone el organismo, es el suscitado en Ecuador, con la comunidad indígena de Sarayaku, la cual se enfrentaba a la posibilidad de perder partes de sus tierras ancestrales a causa de un proyecto petrolífero sobre el que no se les había consultado.
La población hizo una reclamación por este suceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) logrando, el mes pasado, que se obligará a Ecuador a realizar una consulta adecuada y participativa con la comunidad de Sarayaku, conforme a sus prácticas culturales, y con el fin de llegar a un consenso antes de seguir adelante con un proyecto que puede afectar a su territorio.
Amnistía Internacional señala en su reporte, que este hecho constituye "un precedente jurídico positivo para otros países de América".
Otro hecho se ha dado desde 2003, con la empresa canadiense Goldcorp Inc, la cual realiza explotaciones en una mina en el departamento de San Marcos, en Guatemala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que en la zona viven al menos 18 comunidades indígenas mayas que se han visto afectadas directa o indirectamente por la mina. Ellos han denunciado que la mina ha afectado a todos los aspectos de su vida, desde la contaminación que genera hasta desacuerdos en el seno de las familias y hostigamiento de quienes critican el proyecto.
Igualmente, han denunciado la ausencia de una consulta significativa sobre el proyecto. Según Carmen Mejía, indígena de San Miguel Ixtahuacán, "la empresa empezó a operar de una manera ilegal aquí, en nuestro territorio, engañándonos. Porque ellos nunca nos consultaron, nunca nos dijeron […] que iba a tener [...] todos estos impactos negativos, [...] que iba a generar todo este conflicto".
Además del reporte de AI, es sabido que los pueblos indígenas en América son los sectores poblaciones más desplazados y desconocidos por los dirigentes gubernamentales.
Son los que viven en las peores condiciones de pobreza, y por ende, los que tienen menos esperanza de vida. De no haber una verdadera reforma en América, los indígenas están destinados a sucumbir.
La pregunta entonces es, ¿se puede celebrar algo hoy Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo?
"Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos", manifestó Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.
"Los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas, y sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado.", aseguró Macahi.
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| Día Internacional de los Pueblos Indígenas |
Varios casos se han dado en América Latina, donde hemos visto reflejada esta situación, lo cual expone puntualmente la organización.
En México, por ejemplo, los indígenas wixárikas han pedido al gobierno que cancele las concesiones mineras para realizar actividades de exploración y explotación en Wirikuta, región de San Luis Potosí, fundamental para la herencia cultural, tradiciones y formas de vida de los wixárikas.
La organización reporta, con base en opiniones de los propios indígenas de la región, que muchas de las ceremonias tradicionales llevadas a cabo cada año en Wirikuta, están en peligro con los proyectos mineros desarrollados en su territorio. Además, confirmaron que no han sido consultados sobre dichos proyectos.
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Otro caso que expone el organismo, es el suscitado en Ecuador, con la comunidad indígena de Sarayaku, la cual se enfrentaba a la posibilidad de perder partes de sus tierras ancestrales a causa de un proyecto petrolífero sobre el que no se les había consultado.
La población hizo una reclamación por este suceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) logrando, el mes pasado, que se obligará a Ecuador a realizar una consulta adecuada y participativa con la comunidad de Sarayaku, conforme a sus prácticas culturales, y con el fin de llegar a un consenso antes de seguir adelante con un proyecto que puede afectar a su territorio.
Amnistía Internacional señala en su reporte, que este hecho constituye "un precedente jurídico positivo para otros países de América".
Otro hecho se ha dado desde 2003, con la empresa canadiense Goldcorp Inc, la cual realiza explotaciones en una mina en el departamento de San Marcos, en Guatemala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que en la zona viven al menos 18 comunidades indígenas mayas que se han visto afectadas directa o indirectamente por la mina. Ellos han denunciado que la mina ha afectado a todos los aspectos de su vida, desde la contaminación que genera hasta desacuerdos en el seno de las familias y hostigamiento de quienes critican el proyecto.
Igualmente, han denunciado la ausencia de una consulta significativa sobre el proyecto. Según Carmen Mejía, indígena de San Miguel Ixtahuacán, "la empresa empezó a operar de una manera ilegal aquí, en nuestro territorio, engañándonos. Porque ellos nunca nos consultaron, nunca nos dijeron […] que iba a tener [...] todos estos impactos negativos, [...] que iba a generar todo este conflicto".
Además del reporte de AI, es sabido que los pueblos indígenas en América son los sectores poblaciones más desplazados y desconocidos por los dirigentes gubernamentales.
Son los que viven en las peores condiciones de pobreza, y por ende, los que tienen menos esperanza de vida. De no haber una verdadera reforma en América, los indígenas están destinados a sucumbir.
La pregunta entonces es, ¿se puede celebrar algo hoy Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo?
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