El caso de Víctor Chávez de la Torre, condenado a más de 51 años de cárcel por el delito de homicidio en Naucalpan, con base en el dicho de un solo testigo que jamás compareció ante un juez, es uno más de los “presuntos culpables”.
Ayer la Suprema Corte, mediante un amparo, ordenó la inmediata libertad de Chávez de la Torre, a quien el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México declaró culpable de homicidio cuando un testigo lo identificó siete meses después de los hechos, al verlo afuera de un mercado.
Sin embargo, la declaración del testigo rendida ante el Ministerio Público nunca fue ratificada ante el juez y aun así Chávez fue condenado el 26 de junio de 2009 por la Primera Sala Colegiada Penal del TSJEM, que le impuso una condena de 51 años y 9 meses de prisión.
Los ministros atrajeron el amparo directo promovido por Chávez en mayo pasado como instancia final, pues advirtieron serias irregularidades en el proceso, al ser violatorio del derecho humano, garantizado por los principios de presunción de inocencia, no autoincriminación, defensa adecuada y las reglas para valorar pruebas.
El juez que llevó el proceso intentó localizar al testigo por todos los medios y acudió al IFE, que reportó que en su padrón aparecen dos personas con el nombre del declarante, una en Tijuana y otra en el DF.
Esta última se presentó ante el juez para señalar que no tenía noticia alguna de los hechos. La Corte no reveló el nombre del testigo.
El caso de Chávez es aún más grave que el retratado por el documental Presunto culpable, que este año fue un éxito de taquilla, pues el acusado por homicidio en ese proceso no tuvo que llegar a la justicia federal al ser absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de Justicia del DF, amén de que el testigo de cargo sí compareció en el juicio.
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