La Corte Política y la reducción de las pensiones.

La reciente Jurisprudencia, aprobada por la Suprema Corte de Justicia, que reduce el tope de pensiones de 25 a 10 salarios mínimos, al aplicar la ley derogada en 1973( 10 salarios mínimos)  y  no la que se usaba, la de 1997(25 salarios mínimos) ha generado controversia y sobre todo, incertidumbre para los pensionados que no saben si el IMSS aplicará dicho criterio o no. Cabe hacer varios comentarios.

Es un error afirmar que de hecho con esta jurisprudencia toda autoridad está obligada a acatarla, ya que la jurisprudencia sólo obliga a los tribunales de nuestro país. En este caso, sólo el IMSS- sin estar obligado hacerlo- podría modificar el monto de las pensiones, lo cual se vuelve problemático ya que con ello actuaría en contra de lo que la propia ley vigente dispone. Pongamos un ejemplo: El IMSS decide pagar una pensión a una persona con un monto de 10 o menos salarios mínimos. En ese momento, su decisión sería ilegal. El pensionado, posteriormente, tendría que controvertir la decisión del IMSS en los tribunales. Los tribunales entonces dirían que la decisión fue legal. Este, es nuestro "estado de derecho". Tenemos actos de autoridad que son legales e ilegales a la vez, en diferente tiempo.Y a la vez, una Corte que poco a poco hace más funciones de tipo legislativo y por ende, claramente políticas.

Esto no es nuevo. Es sabido que las sentencias también crean derecho, aunque sean referidas a un caso concreto y que las decisiones de la Corte, por referirse a temas constitucionales, es decir, a las decisiones políticas fundamentales en las que se sustenta nuestro país, son también políticas.

Aun así, la Corte nunca había gozado del protagonismo político con el que cuenta actualmente. Sólo tenemos que recordar los casos de la guardería ABC, de Atenco, y todas las veces que se le ha solicitado a la Corte en fechas recientes que use su "facultad investigadora" para decidir sobre temas que inciden en la política nacional. La pregunta aquí es: ¿qué responsabilidades tienen ahora los ministros de la Corte, al tomar decisiones tan notoramiente políticas? Imaginemos a cualquier legislador que propusiera modificar la Ley del Seguro Social y reducir el límite de las pensiones. Obviamente, él y su partido se ganarían el desprecio popular y podrían ver reducidos sus votos. La Corte pues, ya tiene el desprecio popular. Pero ellos no tienen nada que perder. Por que ellos afirman que  no están tomando una decisión política, ellos interpretan la ley,  lo cual no es más que una burda excusa. ¿A quién le hace el favor la Corte con este tipo de decisiones?

Es claro que además de hablar del tremendo golpe a la clase trabajadora que representa esta jurisprudencia, este asunto debe poner a discusión el tema de las decisiones políticas de los ministros.