Recientemente ha decidido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aquellos trabajadores afiliados al IMSS que reciben pensión de invalidez y que optaron por el régimen anterior a 1997 (por el que se crean las subcuentas individuales para el retiro), no podrán pedir el dinero depositado posteriormente a tal fecha, en los rubros de cesantía por edad avanzada y vejez, y que deberá entregarse el mismo al gobierno federal.
Ahora bien, lo anterior no es un robo descarado, sino una injusticia más sutil: al elegir el pensionado por invalidez el régimen anterior a 1997, recibe su dinero a cargo del gobierno federal, y no a cargo de la subcuenta de retiro, cesantía por edad avanzada y vejez. Tienen derecho a recibir el monto en una sola exhibición de la cuenta de retiro, pero los otros rubros, destinados para su vejez, en realidad no serán utilizados para eso (porque será el gobierno federal quien le pagará le pensión), así que parecería razonable que el gobierno federal se adjudicara tales recursos.
La cuestión es que se trata de un dinero del trabajador, al que incluso aportó una cuota de su propio salario. El disponer del ahorro del trabajador (así sea integrado por cuotas tripartitas) no deja de ser arbitrario. En pocas palabras, es obligarlo a ahorrar, obligarlo a entregar el ahorro, y obligarlo a abandonar el ahorro. Entonces, ¿debe recibir una pensión con cargo el erario público, y además recibir todo lo de su subcuenta? Pues sí: si bien bastante ventajoso para el trabajador y bastante crítico para las finanzas del estado, tal solución sería el producto de respetar los derechos adquiridos y la imposibilidad que una nueva situación jurídica los afecte. Hay que recordar que si las finanzas del IMSS entraron en crisis y se tuvo que hacer una reforma, entre los diversos culpables, se puede descartar al trabajador que aún no recibía ninguna pensión por parte de dicho Instituto.
Así pues, tal decisión de la Corte viene a dar un nuevo quebranto al verdadero objetivo de ayuda solidaria que debe guardar la Seguridad Social que, junto con el cobro del ISR sobre las pensiones, el financiamiento de las pensiones por invalidez con las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (a lo que están estrictamente obligados los que cotizan con la nueva ley del IMSS) y la entrega, salvo litigio, de la subcuenta de vivienda a la AFORE si dicha subcuenta no se utilizó (lo que a todas luces es inconstitucional, pues la Constitución prevé que el fondo de vivienda deberá emplearse exactamente para la vivienda) forman una verdadera colección de aberraciones inicuas.
En la imagen: Porfirio Marquet Guerrero, preclaro catedrático de Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la UNAM.
[] Noticia: http://www.scjn.gob.mx/MediosPub/Noticias/2010/Paginas/12-Mayo-2010L1.aspx
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