En 2006, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la declaratoria de validez de la elección así como la declaratoria de presidente electo, decidió a favor de Felipe Calderón a través de argumentos leguleyos, rigurosos formalismos y simplificaciones burdas (motivadas, eso sí, por la estulticia de los abogados del Frente Amplio Progresista), que socavaron por supuesto los principios de certeza y legitimidad que deben regir toda elección.
Entre las diversas barbaridades de dicho fallo, una de las más escandalosas, fue el conceder que la propaganda de grupos empresariales (y la mismísima intervención de Fox, que quizá algunos lo recuerden por haber sido un señor muy grandote del Bajío), si bien pudo afectar la elección, en realidad no lo hizo tanto como para cuestionar su limpieza y su validez. La pifia del Frente Amplio Progresista de no haber señalado con precisión toda la propaganda, no es excusa para que el Tribunal, muy de su ronco pecho, ahora le ponga grados a la certeza y a legitimidad, grados que por demás la ley no contempló, ¿o no que muy legalistas? Caramba.
Bueno, pues en la misma tónica de hacer oídos sordos al evidente peso desigual que pueden ejercer las grandes empresas, resulta que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, ha decidido emitir un nuevo criterio (si bien muy cuestionado, pues la votación fue 5-4) respecto a los gastos que las empresas privadas realizan en las camañas electorales. El tribunal supremo ha decidido que limitar las aportaciones, la propaganda, así como los tiempos en que dichas empresas pueden contratar dicha propaganda, viola la Primera Enmienda de la Carta de Derechos de la Constitución Estadounidense, pues es una forma de expresión, y esta no puede ser coartada por ninguna ley del Congreso norteamericano, si bien los ministros disidentes señalaron que esta decisión podría provocar que las elecciones se corrompieran. Sin comentarios.
El presidente Obama ha calificado a la decisión como "una victoria para las empresas petroleras, los bancos de Wall Street, las compañías aseguradoras y otros grandes poderes que ejercen su fuerza en Washington para ahogar las voces de los norteamericanos comunes".
El criterio ha sido adoptado en el caso Citizens United vs Federal Election Comission, con motivo de la realización de un documental cáustico y agresivo en contra de Hillary Clinton, realizado en 2008 por Citizens United, una asociación conservadora. La Comisión Federal de Elecciones se opuso a que se presentara dicho documental en televisión por estar a menos de 30 días de las elecciones primarias en las que los demócratas elegirían a su candidato presidencial, por lo cual Citizens United sólo pudo exhibir su documental a través de las pantallas cinematográficas.
La actuación de la Comisión Federal se dio en el marco de la Ley de 2002 conocida como McCain-Feingold, que prohibía la reproducción televisiva, digital o por cable, de mensajes políticos pagados por compañías o sindicatos, 30 días antes de las elecciones primarias, y 60 días antes de las elecciones generales. En 2007 la Suprema Corte acotó el alcance de la ley y señaló que sólo comprendía a los mensajes que no pudiesen tener otra interpretación racional, que la de votar a favor o en contra de algún candidato. Finalmente, en esta decisión, la Corte se manifestó por declarar inconstitucional las limitaciones en los tiempos y el dinero que las empresas utilizan con fines políticos, lo que fue sorpresivo, pues bien pudo haberse manifestado sólo en el sentido de que la ley no prohibía la realización de documentales.
El Juez Kennedy afirmó que la Primera Enmienda confirma el derecho de los norteamericanos a pensar por sí mismos. Sin embargo, creemos no se trata de simplemente pensar en los comerciales y promocionales que las empresas pagan; en realidad, como correctamente dijo el presidente Obama, dichos mensajes "ahogan" las voces de los ciudadanos comunes, de aquellos que no tienen los medios económicos para hacer que sus palabras resuenen tan fuerte, por no estar en la televisión. Por eso también el juez Stevens señaló que es un grave error "tratar a las manifestaciones de las empresas, como a seres humanos".
Entre las diversas barbaridades de dicho fallo, una de las más escandalosas, fue el conceder que la propaganda de grupos empresariales (y la mismísima intervención de Fox, que quizá algunos lo recuerden por haber sido un señor muy grandote del Bajío), si bien pudo afectar la elección, en realidad no lo hizo tanto como para cuestionar su limpieza y su validez. La pifia del Frente Amplio Progresista de no haber señalado con precisión toda la propaganda, no es excusa para que el Tribunal, muy de su ronco pecho, ahora le ponga grados a la certeza y a legitimidad, grados que por demás la ley no contempló, ¿o no que muy legalistas? Caramba.
Bueno, pues en la misma tónica de hacer oídos sordos al evidente peso desigual que pueden ejercer las grandes empresas, resulta que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, ha decidido emitir un nuevo criterio (si bien muy cuestionado, pues la votación fue 5-4) respecto a los gastos que las empresas privadas realizan en las camañas electorales. El tribunal supremo ha decidido que limitar las aportaciones, la propaganda, así como los tiempos en que dichas empresas pueden contratar dicha propaganda, viola la Primera Enmienda de la Carta de Derechos de la Constitución Estadounidense, pues es una forma de expresión, y esta no puede ser coartada por ninguna ley del Congreso norteamericano, si bien los ministros disidentes señalaron que esta decisión podría provocar que las elecciones se corrompieran. Sin comentarios.
El presidente Obama ha calificado a la decisión como "una victoria para las empresas petroleras, los bancos de Wall Street, las compañías aseguradoras y otros grandes poderes que ejercen su fuerza en Washington para ahogar las voces de los norteamericanos comunes".
El criterio ha sido adoptado en el caso Citizens United vs Federal Election Comission, con motivo de la realización de un documental cáustico y agresivo en contra de Hillary Clinton, realizado en 2008 por Citizens United, una asociación conservadora. La Comisión Federal de Elecciones se opuso a que se presentara dicho documental en televisión por estar a menos de 30 días de las elecciones primarias en las que los demócratas elegirían a su candidato presidencial, por lo cual Citizens United sólo pudo exhibir su documental a través de las pantallas cinematográficas.
La actuación de la Comisión Federal se dio en el marco de la Ley de 2002 conocida como McCain-Feingold, que prohibía la reproducción televisiva, digital o por cable, de mensajes políticos pagados por compañías o sindicatos, 30 días antes de las elecciones primarias, y 60 días antes de las elecciones generales. En 2007 la Suprema Corte acotó el alcance de la ley y señaló que sólo comprendía a los mensajes que no pudiesen tener otra interpretación racional, que la de votar a favor o en contra de algún candidato. Finalmente, en esta decisión, la Corte se manifestó por declarar inconstitucional las limitaciones en los tiempos y el dinero que las empresas utilizan con fines políticos, lo que fue sorpresivo, pues bien pudo haberse manifestado sólo en el sentido de que la ley no prohibía la realización de documentales.
El Juez Kennedy afirmó que la Primera Enmienda confirma el derecho de los norteamericanos a pensar por sí mismos. Sin embargo, creemos no se trata de simplemente pensar en los comerciales y promocionales que las empresas pagan; en realidad, como correctamente dijo el presidente Obama, dichos mensajes "ahogan" las voces de los ciudadanos comunes, de aquellos que no tienen los medios económicos para hacer que sus palabras resuenen tan fuerte, por no estar en la televisión. Por eso también el juez Stevens señaló que es un grave error "tratar a las manifestaciones de las empresas, como a seres humanos".
Alfonso Galván Robles
Enlace: http://www.nytimes.com/2010/01/22/us/politics/22scotus.html?hpw
[] Noticia: Supreme Court Blocks Ban on Corporate Political Spending.
[] Noticia: Supreme Court Blocks Ban on Corporate Political Spending.
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