En el estado de Florida, en febrero de 2005, Jessica Lunsford fue violada y asesinada por John Couey, el cual contaba ya con antecedentes por delitos sexuales. El clamor social que provocó tal hecho, generó, primero en Florida y luego en otras parte de la Unión Americana, una serie de leyes que permitieran un mayor control de los condenados por delitos sexuales. A dichas leyes se les conoce popularmente como las leyes de Jessica (Jessica´s Laws)
Uno de estos estados es California, el cual aprobó éste tipo de legislación en 2006; en dicho estado, la legislación para controlar a los condenados por delitos sexuales impone una restricción (tras haber servido la condena en prisión) de habitar, en el área de San Diego, a 2,000 pies (610 metros) de cualquier escuela o parque público.
¿Qué tan lejos está la anterior regulación de un derecho penal estigmatizante?
Dichas medidas parecen otorgar una nueva tacha infamante a aquellos que ya cumplieron sus condenas. Si bien es cierto que la sociedad debe ser protegida cuando se determine que el sujeto puede volver a reincidir, entonces, ¿para que sirve la reclusión en prisión? Si se pretende rehabilitarlo en dicha prisión para que pueda volver a la sociedad, con estas medidas se da por sentada la imposibilidad para hacerlo.
Si la prisión sirve para mantenerlos alejados de la sociedad, según este tipo de leyes deberá seguir apartado de la sociedad aún tras su condena pues, según la nota, con un radio de 610 metros de cualquier escuela y parque, les queda sólo 5% de superficie habitable en San Diego.
La constitucionalidad de dicha legislación será llevada en febrero de 2010 a la Suprema Corte de California por el abogado Ernest Galvan, que representa a dos condenados por delitos sexuales que fueron puestos en libertad anticipada.
Enlace:
[] Noticia: Study says nearly 70 percent of sex offenders live near schools
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