Fernando Larrazabal, alcalde de Monterrey. Foto: Jorge López
Las escaleras del Palacio de Justicia, localizado junto al Penal del Topo Chico, se convirtieron en un set de televisión para Jesús Martínez García, el abogado de Jonás, tras presentar una denuncia de hechos porque la nota que publicó El Norte infama a su cliente. Allí, el abogado trató de explicar el por qué el hermano del alcalde recibió dinero en efectivo mientras estaba sentado en una mesa de blackjack del Casino Red. Según su versión, ese dinero fue por el pago de venta de quesos de Oaxaca y otros productos típicos del estado del cual son originarios los Larrazabal, y que además correspondían al pago en efectivo de los premios que gana porque en efecto aceptó ser adepto (sic) al juego, expresó Martínez García. El litigante dijo que su cliente quería dar la rueda de prensa, como lo sugirió Larry durante sus apariciones públicas tras estallar el escándalo, pero que él le recomendó no hacerlo.
Al día siguiente el presidente municipal calificó de desafortunada la explicación durante una entrevista en un canal de televisión local, a donde acudió para reiterar su deslinde por los pagos de casinos que recibió su hermano. El quesogate, desde el mediodía del 30 de agosto, se convirtió así en imparable.
Fuentes consultadas cercanas al alcalde afirman que Jonás es una debilidad para su hermano, y que en el palacio municipal ya se esperaba un golpe en ese sentido. Jonás Larrazabal residió hasta hace varios años en Oaxaca, de donde se dice salió por problemas al tratar de involucrar en sus negocios a su otro hermano, Jaime Arturo, quien es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y tuvo un cargo menor en el gobierno de Ulises Ruiz.
A 10 meses de las elecciones de ayuntamientos y del Congreso local de 2012, proceso que en Nuevo León es concurrente con el federal, Larry se enfrenta a su peor crisis luego de año y medio de gestión y de una reciente campaña de combate a los giros negros que incluyó el cierre de bares y de table dance en la calle Villagrán, como consecuencia de la masacre de 21 personas en el bar Sabino Gordo, así como los cierres de casinos que se multiplicaron tras el atentado incendiario en el Royale.
El encontronazo entre los dos bandos panistas en Nuevo León no se hizo esperar: la vieja cúpula que integran el ex gobernador Fernando Canales y José Luis Coindreu, quien fue su primer secretario General de Gobierno, y la hermana de Mauricio Fernández Garza, Alejandra, entre otros, contra la neocúpula, que tiene tres grandes liderazgos: Larrazabal, Raúl Gracia Guzmán, presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, y Zeferino Salgado Almaguer, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La vieja cúpula y los panistas tradicionales, declarados enemigos políticos del alcalde regiomontano, arremetieron contra él.
Fernando Canales Clariond y su hijo Canales Stelzer figuraron entre los primeron en exigir explicaciones a Larry. “Fernando Larrazabal debe dar facilidades desde ahora, de inmediato (...) para que se esclarezcan estos hechos”, expresó Canales padre. Su hijo, quien acusó al edil regiomontano de que su campaña por la alcaldía la financiaron los dueños de casinos, presentó una solicitud de juicio político en su contra para que sea destituido, además de exigirle su renuncia. “Es muy extraño para la ciudadanía creer que no hay nada relacionado con un hermano de un presidente municipal recibiendo en un casino esos fajos de billetes, y que después argumente que estaba vendiendo quesos; eso hiere a la ciudadanía, ¿y ésta qué hace? Uno pierde la confianza en sus autoridades y es el clima propicio para que la violencia continúe”, aseguró.
Canales Stelzer recordó que el 11 de marzo la Marina detuvo a Rogelio González Heredia, director de Inspección y Vigilancia de Monterrey y responsable de controlar los negocios de alcohol, ligándolo con Los Zetas, y que horas después del atentado al Royale el jefe de la policía municipal fue llevado a interrogatorio por las Fuerzas Armadas.
Los casinos y sus dueños han tenido viejas ligas con alcaldes del PAN; antes del affaire actual, otro panista, el mismo Zeferino Salgado Almaguer, del grupo de Larrazabal, se vio involucrado en un escándalo cuando fue alcalde de San Nicolás, durante el trienio 2006-2009, al recibir un helicóptero donado por Juan José Rojas Cardona, operador de casinos en el estado. Esto no le costó el cargo a Salgado Almaguer, pero sí exhibió el primer nexo de los gobiernos panistas locales con las casas de apuestas.
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