Hace unos días, un grupo de notables de Ciudad Altamirano, Guerrero, pidió a un diputado ayuda para obtener una cita con el mandatario estatal Ángel Aguirre Rivero. Portaban un folder y en él un papel con cifras: “Mire, en las últimas semanas hemos sufrido 12 secuestros, incluidos el de un niño. Aquí traemos las cuentas de lo que le pagamos mensualmente al gobierno en impuestos. Queremos que el gobernador nos diga si puede arreglar la situación, porque si no, vamos a ir con el cártel dueño de la plaza y le vamos a ofrecer esta misma cantidad cada mes para que nos dejen vivir en paz”. Voces igual de desesperadas surgen en todo Guerrero, pero principalmente en Acapulco, donde la situación ha llegado a un punto en que algunos ya se cuestionan si no estamos ante el “nuevo Ciudad Juárez”, uno a menos de 400 kilómetros de la capital mexicana.
El pasado 6 de agosto, el periódico Reforma informó que en menos de ocho meses Guerrero ya había rebasado el número de asesinatos violentos de todo el año pasado: hasta ese día iban 1012 “ejecuciones” contra 984 de 2010. “Así, Guerrero se convierte en el tercer estado en superar el millar, que ya habían rebasado Chihuahua y Nuevo León”, escribió en ese periódico Héctor Guerrero. “De ese total, más de la mitad (de los asesinatos), 563, ha sido en Acapulco”.
Casas quemadas, bares rafagueados, hallazgo cotidiano de ejecutados, asesinatos a plena luz del día y en lugares tan públicos como taquillas de autobuses, balaceras tanto en barrios pobres como en avenidas turísticas, robo de vehículos, secuestro y extorsión son el panorama de ese estado. Lo mismo pasa, explicó una activista de los derechos humanos de la mujer, con feminicidios y desapariciones de mujeres. Guerrero, pues, todo un incendio de delitos del fuero federal pero también del fuero común, que en suelo guerrerense han aumentado 40 por ciento este año, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Reforma, 30 de junio).
Ante este panorama, lo más terrible son las balbuceantes “explicaciones” que autoridades locales intentan frente a la tragedia. Mientras que el miedo de los turistas ha provocado que la vida nocturna se haya apagado en un 60 por ciento (ver reportaje de Juan Pablo Becerra Acosta en Milenio el 19 de julio pasado), autoridades de Turismo argumentaron que “el número de víctimas de la violencia es mínimo en comparación con la cantidad de turistas que arriban al puerto” (¡!¿?) y que van a “trabajar en la imagen de Acapulco con una agencia de relaciones públicas” (¡!¿?), (El Universal, 4 de agosto).
¿No convendría mejor trabajar en corregir por fin la policía de Acapulco, gobernada, es un decir, por el priísta Manuel Añorve? El del puerto fue uno de los municipios que apareció hace dos semanas en la lista de aquellos que se quedarían sin los apoyos federales por no haber cumplido con sus metas en la modernización policiaca. Luego se dijo que había ocurrido “un malentendido” y que sí habían cumplido. Quizá cumplieron el trámite, porque la inseguridad da pistas de que en la práctica no cumplen. Para no quedarse atrás en la feria de excusas, Aguirre Rivero ha llegado a comentar que “la violencia en esta entidad se debe a la falta de empleo, a problemas educativos y a la pobreza en que vive la mayoría de los guerrerenses”. Es decir, las causas son ancestrales y la solución tampoco está a la vuelta de la esquina; retrasos, cabe recordar, que vienen desde tiempos del PRI, cuando él fue no sólo importante funcionario estatal sino incluso gobernador.
En “La raíz de la violencia”, el ensayo de Eduardo Guerrero publicado en la revista Nexos en junio pasado, el autor apunta a fallas estructurales en la seguridad pública y la procuración de justicia de los gobiernos estatales. Por ejemplo, en la asignación de presupuestos: “los datos son desconcertantes. En Guerrero y Chihuahua, entidades asediadas por la violencia y el crimen organizado, el presupuesto per cápita en seguridad pública apenas rebasa el promedio nacional que es de 289.2 pesos. Y en el ámbito relativo a la procuración de justicia, el presupuesto per cápita de Guerrero se sitúa muy por debajo del promedio nacional que es de 187.7 pesos”.
Los que conocen de primera mano la situación guerrerense señalan que la fragmentación de cárteles, en parte por los golpes dados a los grupos de Beltrán Leyva y de “La Barbie” han creado “mini señores de la guerra” que entraron en una bárbara pugna por la plaza, que además de lugar de tráfico posee, a diferencia del Juárez de hoy, el atractivo de ser un centro de gran consumo y también de mercados de otros delitos igual de lucrativos, como la explotación sexual infantil. El dato de los “mini señores de la guerra” parece confirmarlo Eduardo Guerrero en el citado ensayo, donde incluye una tabla que da cuenta de que el número de organizaciones criminales locales en Guerrero pasó de 1 en 2007 a 10 en 2010. Ninguna otra entidad padeció tamaña explosión delincuencial. Otra tabla presentada por el articulista de nexos subraya el crecimiento de homicidios en Acapulco, de 158 en 2009 a 370 en 2010. En lo que va de 2011, según Reforma van 563.
El diario El Sur publicaba el mes pasado el lamento de Cuauhtémoc Mastachi Aguario, síndico de Pungarabato (Ciudad Altamirano): “la bonanza que teníamos en el municipio sólo es un recuerdo, (la región se encuentra) totalmente colapsada (…) tenemos fe en Dios de que esto pueda mejorar”. Fe en Dios o pago de impuestos a los criminales y no a los distintos César de Guerrero que no pueden ofrecer ni paz ni seguridad ni orden a sus ciudadanos. ¿Qué pasará con Acapulco? Con todos los datos existentes, ¿estaremos a tiempo de detener la espiral de violencia? ¿O se nos pasó el tiempo sin darnos cuenta de que ya no podemos visitar el otrora balneario por excelencia de México?
Enlace: [] Noticia:Acapulco: ¿el nuevo Ciudad Juárez?
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