Frente al interés persistente por seguir construyendo represas en el mundo, en medio de la crisis de civilización que enfrenta el planeta por las secuelas del modelo de desarrollo impuesto por los mercaderes de la vida y la naturaleza, es urgente dar a conocer algunos puntos de vista de los pueblos afectados por la construcción de represas, que debieran tenerse en cuenta para no financiar más la construcción de las mismas o impulsar políticas que las justifiquen.
Fruto de las movilizaciones e intensos cuestionamientos en contra de las represas, en 1997 se constituyó la Comisión Mundial de Represas (CMR), que se encargó, entre otras cosas, de analizar 125 represas en el mundo, estudiar en detalle ocho grandes represas y recibir cientos de comentarios de académicos, empresarios, activistas y comunidades de base directamente afectadas por estos proyectos, lo que contribuyó a la formulación del Informe represas y desarrollo, un nuevo marco para la toma de decisiones, publicado en 2000. Sin embargo, las recomendaciones presentadas en dicho informe no han sido ampliamente difundidas ni acatadas por los gobiernos y empresas que se empecinan en construir este tipo de infraestructuras.
La CMR estimó que, para finales del siglo XX, entre 40 y 80 millones de personas habían sido desplazadas por represas; reconoció su incapacidad de establecer un número más certero, pues, generalmente, los afectados por represas son invisibilizados en los estudios de impacto ambiental y, en la mayoría de los casos, sólo son tomados en cuenta como afectados quienes tienen títulos de propiedad de los terrenos y no todos los que interactúan con los ríos. Por otra parte, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios reportó que, hasta 2009, el total de desplazados a causa de los conflictos armados en el mundo ascendía a más de 27 millones de personas. Estas cifran revelan que las represas desplazan a más gente que la guerra, lo que las posiciona como una excelente táctica de guerra de baja intensidad para el control de territorios.
La historia y la crisis actual son suficientes argumentos para rechazar los proyectos de represas en curso en América Latina y el mundo, que se imponen por intereses ajenos al de las comunidades locales o no cuentan con la aprobación de las comunidades directamente afectadas. En varios casos, las comunidades no han sido informadas o consultadas debidamente, como sucede con el proyecto Chan 75, en Panamá; La Parota, El Zapotillo y Paso de la Reina, en México; Belo Monte y Madeira, en Brasil; El Quimbo, Hidrosogamoso, Besotes, Ituango y El Cercado, en Colombia; las presas de Hydroaisén, en Chile; Baba y Cajón, en Ecuador; y El Cimarrón y Chaparral, en El Salvador, entre otros casos.
Las represas han sido sinónimo de afectaciones irreversibles a la salud, al ambiente, a la identidad, a la cultura y tradición de pueblos ancestrales. Pérdida de fuentes de subsistencia y formas de vida de comunidades más vulnerables han provocado masivos desplazamientos forzados e involuntarios. Los estudios de impacto ambiental sustentan, invisibilizan a las víctimas y ocultan los verdaderos impactos. Por otra parte, la opinión de las comunidades no es tomada en cuenta para la toma de decisiones; quienes protestan por la defensa de sus derechos son criminalizados, perseguidos, desaparecidos o asesinados. Es recurrente la violación de los derechos humanos y ambientales por parte de los empresarios en complicidad con los gobiernos, tanto locales como nacionales.
Es necesario adoptar medidas para que estos crímenes sociales y ambientales, que agreden a toda la humanidad, no sigan emplazándose por medio de la violencia y en desacuerdo con las comunidades.
Las comunidades de todo el mundo afectadas por represas se darán cita del 1 al 7 de octubre en Temacapulín, México, para seguir tejiendo caminos, experiencias y resistencias por la defensa de la vida, la cultura y con la convicción de que otro modelo energético y de gestión del agua es posible.
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[] Noticia: Represas: la historia es clara, el futuro incierto.
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