La campaña “Contra la Impunidad Militar y el Olvido, Luchamos por la Justicia a 14 años de la Masacre de El Charco”, busca que la sociedad denuncie penalmente los abusos de militares y exige al Estado mexicano cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El objetivo es que “nunca más miembros del Ejército cometan violaciones a los derechos humanos contra la población y que si cometieran actos en contra de ésta sean sancionados conforme al derecho nacional e internacional”, demandan activistas, campesinos, sindicalistas e indígenas en un escrito leído en rueda de prensa.
El abogado y activista Ernesto Rodríguez Cabrera señaló la necesidad de acabar con la impunidad y, sobre todo, “evitar más violaciones a las garantías individuales de parte del Ejército”.
Por otra parte, las asociaciones sociales pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitir el caso de la "masacre de El Charco" de 1998. Ocurrida en el occidental estado de Guerrero, donde militares habrían asesinado a 12 indígenas a quienes vincularon al rebelde Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
“No podemos seguir tolerando que haya personas masacradas por las fuerzas que debían defenderlas”. aseveró Ernesto Rodríguez, defensor de familiares y sobreviviente de aquella tragedia.
Ericka Zamora Prado, quien también es sobreviviente de aquella tragedia, aseguró en la rueda de prensa que los militares cometieron entonces una serie “de violaciones, abusos y arbitrariedades”, ya que “al llegar, si bien es cierto que habían algunos guerrilleros que participaron en una asamblea educativa, a todos nos sometieron y sin que nadie pudiera defenderse mataron a muchos inocentes”.
Dijo que ante la falta de respuesta del Estado, el pasado 16 de julio una comisión encabezada por el obispo mexicano Raúl Vera López acudió a la CIDH “en busca de justicia para las viudas y huérfanos de los masacrados, para los sobrevivientes de la masacre y de la tortura ejercida por integrantes del Ejército mexicano”. “
Ellos deben responder por estos actos”, dijo, y se refirió en particular al general Alfredo Oropeza Garnica, a quien las víctimas responsabilizan directamente de las “detenciones y muertes extrajudiciales, tortura y detenciones arbitrarias”. Comentó que con apoyo de las organizaciones WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) y Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), el grupo de activistas mexicanos acudió en días pasados a diversas instancias internacionales para pedir su apoyo.
Precisó que tuvieron encuentros con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Oficina de Derechos Humanos México-Canadá, así como el director Relaciones con la Sociedad Civil de la Organización de Estados Americanos (OEA), Jorge Sanín. Sus interlocutores, dijo, además de expresar su apoyo “se comprometieron a darle seguimiento a todo lo relacionado con el tema de la masacre de El Charco”.
Con información de Sin Embargo
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| 10º Aniversario de la masacre de El Charco |
El 7 de junio 1998, 11 personas fueron asesinadas mientras dormían en la escuela Caritino Maldonado después de haber participado en una reunión sobre proyectos productivos para sus comunidades.
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